Santander, 7 de marzo de 2026. — El Ayuntamiento de Santander ha confirmado este viernes que abrirá un expediente sancionador contra el agente de la Policía Local que no atendió el aviso de un vecino sobre el estado de la pasarela que se derrumbó el pasado domingo en la playa de El Bocal, causando seis muertes y una herida grave. La alcaldesa, Gema Igual (PP), ha asumido públicamente el fallo en la «cadena de respuesta» y ha prometido transparencia total en la investigación, al tiempo que ha alabado la actitud del ciudadano que alertó al 112.

Una llamada que pudo evitar la tragedia

El aviso llegó al 112 el sábado 28 de febrero, un día antes del derrumbe. El vecino, que la alcaldesa ha calificado de «ejemplar», informó de que la pasarela de madera se estaba «cimbreando» y que su estado era preocupante. Sin embargo, la llamada no llegó a materializarse en una intervención policial. El agente destinado a atender el aviso no actuó, y la plataforma colapsó el domingo por la tarde con un grupo de estudiantes sobre ella.

Responsabilidad política y gesto institucional

En rueda de prensa, Igual ha sido contundente: «Debemos asumir este fallo y vamos a incoar un expediente informativo y sancionador sobre el agente de Policía Local». La alcaldesa ha insistido en que la cadena de respuesta falló, pero también ha querido poner el foco en la actitud cívica del vecino, a quien ha agradecido personalmente su intervención.

El rescate del último cuerpo y la evolución de la herida

La tragedia conmocionó a Cantabria y al resto de España. Los seis fallecidos, todos jóvenes de entre 19 y 22 años, eran estudiantes que paseaban por la zona costera. El jueves, la Policía Nacional localizó y rescató el cuerpo de la joven de 20 años natural de Guadalajara, la última desaparecida. La única superviviente, una chica de 19 años, permanece ingresada en la UCI del hospital Valdecilla en estado «estable» y con «evolución favorable», según el último parte médico.

La investigación sigue abierta

El Ayuntamiento ha prometido entregar toda la documentación requerida por la investigación, pero primero deberá recopilarla internamente. «Se sabrá», aseguró la alcaldesa, pidiendo un margen de tiempo para hacerlo con rigor. La comunidad educativa, las familias de las víctimas y la opinión pública esperan respuestas claras sobre cómo fue posible que un aviso tan preciso no se tradujera en una actuación preventiva.

Reacciones y reflexiones

El suceso ha reavivado el debate sobre el mantenimiento de infraestructuras públicas y la rapidez de respuesta de los servicios de emergencia. En las redes sociales, el caso se ha viralizado con etiquetas como #JusticiaParaLosJóvenesDeSantander, #LaCadenaSeRompió y #ElAvisoQueNoSeEscuchó. La ciudadanía exige no solo sanciones, sino también reformas estructurales para evitar que una llamada de auxilio quede sin respuesta.

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