Los investigadores tratan de determinar si durante la tramitación de las licencias de instalación de parques eólicos y solares se manipularon declaraciones de impacto ambiental para facilitar la obtención de los permisos necesarios

En las últimas semanas, una investigación judicial ha puesto en el punto de mira el proceso de concesión de licencias para la instalación de parques eólicos y solares en varias regiones de España. Según fuentes judiciales consultadas por El Mundo, los investigadores sospechan que, en algunos casos, las declaraciones de impacto ambiental (DIA) que se presentaron para obtener los permisos de construcción y explotación de estas instalaciones renovables pudieron haber sido manipuladas con el fin de minimizar o incluso ocultar los efectos negativos sobre el entorno natural.

La trama, que estaría bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la posibilidad de que técnicos, consultoras y empresas energéticas colaboraran para falsear datos, diluir impactos o maquillar informes técnicos. El objetivo, según las pesquisas, sería agilizar la obtención de licencias en un contexto de fuerte impulso político a las energías renovables y de aceleración de trámites administrativos.

El origen de la investigación se remonta a varias denuncias presentadas por asociaciones ecologistas y vecinales que alertaron sobre inconsistencias en los estudios de impacto presentados ante administraciones autonómicas y locales. En algunos casos, se habría detectado que la documentación no coincidía con la realidad del terreno, o que se omitían especies protegidas o hábitats de especial valor.

Los investigadores están analizando ahora cientos de expedientes de parques eólicos y solares autorizados en los últimos cinco años, especialmente en regiones como Castilla y León, Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha, donde la densidad de proyectos renovables es mayor. Entre las líneas de investigación se encuentra la comprobación de si existió una red de profesionales que sistemáticamente falseaban informes a cambio de contraprestaciones económicas.

En paralelo, la Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha realizado registros en varias consultoras medioambientales y empresas del sector energético. Entre los documentos incautados se encuentran memorias técnicas, correos electrónicos y contratos que, según fuentes de la investigación, apuntan a un patrón de irregularidades.

Las consecuencias de estas prácticas, de confirmarse, serían graves: no solo por el posible daño ambiental causado, sino también por la erosión de la confianza en el sistema de evaluación ambiental y por la competencia desleal que supone para empresas que sí cumplen con la normativa. Además, si se demuestra la manipulación, los proyectos afectados podrían ser paralizados o incluso desmantelados, con un impacto económico significativo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consultado al respecto, ha declinado hacer valoraciones sobre una investigación en curso, pero ha asegurado que «el compromiso con la transparencia y la protección ambiental es irrenunciable». Por su parte, las asociaciones del sector renovable han mostrado su preocupación y han reclamado que, de existir irregularidades, se actúe con contundencia para preservar la reputación de un sector estratégico para la descarbonización de la economía.

Esta investigación llega en un momento clave para el despliegue de las energías renovables en España, país que se ha marcado objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y de aumento de la capacidad instalada en eólica y solar. La posibilidad de que se hayan saltado normas ambientales para acelerar proyectos genera un debate sobre el equilibrio entre la urgencia climática y la protección de la biodiversidad.

Los expertos consultados advierten de que, si se confirman las sospechas, será necesario reforzar los mecanismos de control y auditoría de las declaraciones de impacto ambiental, así como endurecer las sanciones para los infractores. También se plantea la necesidad de blindar la independencia de los técnicos y consultoras que elaboran estos informes, para evitar conflictos de interés.

Mientras la investigación sigue su curso, la opinión pública asiste a un cruce de acusaciones entre ecologistas, empresas, administraciones y partidos políticos. Lo que está claro es que, más allá del desenlace judicial, este caso ha abierto una brecha de desconfianza que deberá ser reparada si se quiere mantener el impulso de la transición energética con garantías ambientales y sociales.

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