El Senado abrirá debate la próxima semana para acabar con las «pensiones doradas» que cuestan 5 mil millones al año

Ciudad de México. 19 de febrero de 2026. En un movimiento que promete sacudir las estructuras de privilegios en el servicio público federal, el Senado de la República anunció que abrirá desde la próxima semana una amplia discusión sobre la iniciativa presidencial para eliminar las llamadas «pensiones doradas» que han representado una sangría de cinco mil millones de pesos anuales para las finanzas públicas.

El senador de Morena, Pável Jarero Velázquez, calificó como «desproporcionadas» estas prestaciones reservadas para altos mandos y trabajadores de confianza de la administración pública federal, y confió en que la propuesta avance con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias.

«Es imposible estar en contra de que dejen de existir este tipo de beneficios que representan una sangría de cinco mil millones de pesos anuales y que, una vez que se apruebe, serán destinados a programas sociales», afirmó el legislador durante una entrevista en el marco de la sesión ordinaria.

El origen de la «burocracia dorada»

El integrante de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado recordó que fueron gobiernos del PRI y del PAN quienes crearon la llamada «burocracia dorada», con un entramado de privilegios que incluía altos salarios, vehículos de lujo a disposición permanente, vales de gasolina y despensa, bonos anuales y, sobre todo, pensiones que en muchos casos superaban los ingresos que tenían durante su vida laboral activa.

«Lo que se plantea es que ahora la pensión de exfuncionarios de confianza no exceda el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal», señaló Jarero al referir que nunca se afectará a trabajadores sindicalizados o con contratos colectivos, garantizando así los derechos adquiridos de los burócratas de base.

Un debate que promete ser intenso

El senador por el estado de Nayarit indicó que una vez que sea recibida la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución el próximo lunes en el Senado, seguramente se turnará a la Comisión de Trabajo y de Estudios Legislativos, en las que se analizará e incluso se podría enriquecer con propuestas adicionales.

«Consideramos que con esta iniciativa se permitirá reducir la brecha de desigualdad entre los servidores públicos, que a lo largo de los años fue en aumento sin límite alguno», agregó el morenista, quien confió en que el debate no se polarice y se privilegie el interés general sobre los intereses particulares.

Contexto histórico y político

Esta iniciativa se inscribe en el marco de la llamada «Cuarta Transformación», que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y que tiene entre sus ejes fundamentales el combate a los privilegios y la austeridad republicana.

La propuesta llega en un momento en que la opinión pública ha mostrado creciente rechazo a los excesos del sector público, especialmente después de que se dieron a conocer casos de pensiones millonarias para exfuncionarios que, en algunos casos, superaban el millón de pesos mensuales.

Reacciones y expectativas

Aunque la iniciativa ha sido bien recibida por organizaciones civiles y expertos en materia de finanzas públicas, se espera que encuentre resistencia por parte de los afectados directos y de algunos sectores políticos que tradicionalmente han defendido estos privilegios.

«Es un tema sensible porque estamos hablando de derechos adquiridos y de personas que dedicaron su vida al servicio público», reconoció Jarero, «pero también debemos ser conscientes de que el país no puede seguir soportando este tipo de privilegios cuando hay millones de mexicanos en situación de pobreza».

El camino legislativo

El proceso legislativo prevé que la iniciativa sea discutida primero en comisiones, donde se recibirán opiniones de expertos, representantes sindicales y de la sociedad civil. Posteriormente, pasará al pleno del Senado, donde requerirá mayoría calificada para ser aprobada.

Si el Senado la avala, la propuesta pasará a la Cámara de Diputados, donde seguirá el mismo proceso. En caso de ser modificada por los diputados, regresará al Senado para su revisión. Finalmente, si ambas cámaras la aprueban en los mismos términos, se enviará al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Implicaciones económicas

Los expertos consultados por MILENIO coinciden en que la eliminación de estas pensiones doradas tendría un impacto positivo en las finanzas públicas, permitiendo destinar esos recursos a rubros prioritarios como salud, educación e infraestructura.

«Se trata de un gasto innecesario que no tiene justificación en un país con tantas carencias», afirmó el economista Miguel Ángel Mendoza. «Además, envía una señal clara de que el gobierno está comprometido con la austeridad y la equidad».

El debate de la próxima semana

La discusión que se avecina promete ser intensa y polarizadora. Por un lado, Morena y sus aliados impulsarán la iniciativa con el argumento de la justicia social y la austeridad. Por el otro, es probable que se organice resistencia por parte de los sectores afectados y de la oposición, que podría argumentar la inconstitucionalidad de afectar derechos adquiridos.

Lo que es seguro es que el tema concentrará la atención política en los próximos días y podría marcar un antes y un después en la relación entre el Estado y sus servidores públicos de confianza.

LG


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