Juez ordena a Adif frenar obras en tramo de Adamuz y exige autorización previa para cualquier intervención

La titular de la Sección Civil e Instrucción del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, en el marco de la investigación por el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, ha dictado una providencia en la que prohíbe a Adif realizar cualquier tipo de obra o mantenimiento en el tramo afectado sin previa autorización judicial y con un preaviso mínimo de 15 días.

La decisión responde a un escrito presentado por Adif el pasado 2 de marzo, en el que la compañía pública informaba de su intención de sustituir un tramo de 36 metros de vía en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, programando los trabajos para la noche del 3 al 4 de marzo. Según Adif, la intervención se ubicaría a un kilómetro del punto exacto donde se produjo la tragedia que costó la vida a 46 personas, por lo que, a su juicio, no interferiría con la investigación judicial en curso.

En el escrito, Adif también se comprometía a custodiar en sus instalaciones de Hornachuelos los materiales retirados durante la operación, por si fueran necesarios en futuras investigaciones, y reafirmaba su disposición a colaborar con las autoridades en cualquier requerimiento.

Sin embargo, la jueza consideró que la falta de coordinación previa y la experiencia reciente justificaban endurecer las condiciones de actuación. A principios de febrero trascendió que, entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero, personal de Adif había trasladado restos de vía a la base de mantenimiento de Hornachuelos sin autorización judicial, un movimiento que ya había motivado una queja formal de la Guardia Civil, encargada de la investigación pericial.

Ante esta situación, la magistrada ha establecido un protocolo claro: cualquier actuación futura en el tramo de Adamuz deberá ser notificada al juzgado con al menos 15 días de antelación y no podrá iniciarse sin la preceptiva autorización judicial. El objetivo es preservar la integridad de las pruebas y garantizar que la investigación, que sigue abierta, no se vea comprometida por intervenciones técnicas no coordinadas.

La providencia deja claro que, pese a la necesidad de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria, la prioridad es salvaguardar el proceso judicial y evitar cualquier riesgo de alteración, pérdida o destrucción de elementos relevantes para esclarecer las causas del accidente.

La decisión ha sido bien recibida por asociaciones de víctimas, que llevan semanas reclamando transparencia y rigor en el manejo de las pruebas. Fuentes judiciales consultadas aseguran que la jueza actuó de oficio, sin esperar a una nueva petición de la Guardia Civil, y que el objetivo es evitar cualquier malentendido o acción unilateral que pudiera entorpecer el esclarecimiento de los hechos.

Mientras tanto, Adif no se ha pronunciado oficialmente sobre la providencia, aunque fuentes internas apuntan a que la compañía acatará la orden y ajustará su calendario de mantenimiento a los nuevos requisitos impuestos por el juzgado.

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