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El Gobierno se enfrenta a un nuevo revés en el Congreso: el escudo social y la polémica moratoria antidesahucios, en el centro del debate

Este jueves, el Gobierno español se juega una de sus jugadas más delicadas en el Congreso de los Diputados. La aprobación del escudo social, un paquete de medidas diseñado para proteger a los ciudadanos más vulnerables, vuelve a estar en el aire. La primera propuesta, incluida en el decreto ómnibus, fue tumbada por PP, Vox y Junts, y todo apunta a que la historia se repetirá. La principal controversia se centra en la prolongación de la moratoria antidesahucios, una medida que ha generado un intenso debate político y social.

La moratoria, que se concibió inicialmente como una medida temporal durante la pandemia, se ha prorrogado sucesivamente. La última propuesta del Ejecutivo la extiende hasta finales de 2026, pero con un matiz: los propietarios de una o dos viviendas quedan fuera de la obligación de aceptar la moratoria. Esto significa que podrán desahuciar a los inquilinos que no paguen sus rentas, aunque se encuentren en situación de vulnerabilidad. El PNV apoyó esta modificación, pero Junts ha mantenido su rechazo, dejando al Gobierno sin la mayoría necesaria.

Desde la Moncloa se defiende que la moratoria es esencial para proteger a miles de familias que, por circunstancias sobrevenidas, no pueden hacer frente al pago de su alquiler. Sin embargo, la derecha política ha lanzado un discurso que califica a estos inquilinos como «inquiokupas», generando una polémica que trasciende el debate parlamentario.

Desahucios en 2024: un repunte que no alcanza los máximos históricos

Cuantificar el número de familias vulnerables que no pueden pagar su alquiler no es sencillo. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, alrededor del 30% de las personas que viven de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza. Esta situación, agravada por el aumento de los precios de la vivienda, se refleja en el número de desahucios, que han crecido en los últimos años.

En 2024 se practicaron 27.564 desahucios, un 3,4% más que en 2023. Sin embargo, esta cifra está muy por debajo de los más de 60.000 desahucios anuales que se ejecutaban en la década posterior a la Gran Recesión. La mayoría de los desahucios actuales (el 74,5%) se deben a impagos del alquiler, mientras que otro 18,4% son por ejecuciones hipotecarias.

Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o Amnistía Internacional advierten de que, de no salir adelante la nueva moratoria, 60.000 familias de hogares vulnerables se verían afectadas. Sin embargo, al no existir una base de datos actualizada sobre viviendas en alquiler en España, es imposible determinar con exactitud cuántas familias se verían obligadas a abandonar sus casas.

Okupación: allanamiento y usurpación

La okupación ilegal es otro de los fenómenos que más preocupan en el debate sobre la vivienda. Según el Ministerio del Interior, entre 2023 y 2024 los hechos conocidos de allanamientos y usurpaciones crecieron un 7,4%, pasando de 15.289 a 16.426. Aunque se trata del primer incremento en tres años, estas cifras representan menos del 0,7% de los más de 2,4 millones de infracciones penales registradas en 2024.

La provincia de Barcelona concentra un tercio de los hechos conocidos, seguida de Madrid y Girona. Sin embargo, tomando como referencia la tasa por cada 100.000 habitantes, Girona encabeza la lista, seguida de Tarragona y Barcelona. Esto evidencia que el fenómeno de la okupación ilegal impacta más sobre algunos territorios que otros.

La ‘inquiokupación’: un debate sin datos

En los últimos tiempos, se ha popularizado el concepto de «inquiokupación», que se refiere a aquellas personas que dejan de pagar el alquiler después de firmar el contrato y se niegan a abandonar la propiedad alegando situación de vulnerabilidad. Sin embargo, a nivel estadístico, no existe una tabla que contabilice este fenómeno, que se mezcla con los resultados referidos a la okupación.

Una vía para aproximarse a esta situación es revisar el número de sentencias estimatorias a denuncias del casero contra el inquilino por falta de pago de la renta o de la fianza. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de estas sentencias mantiene una senda descendente: de 14.514 en 2021 a 10.154 en 2024.

Conclusiones

El debate sobre el escudo social y la moratoria antidesahucios refleja la complejidad del problema de la vivienda en España. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de proteger a los más vulnerables, la oposición critica lo que considera una medida que beneficia a los «inquiokupas». Sin embargo, los datos evidencian que tanto los desahucios como la okupación ilegal son fenómenos que afectan a una minoría de la población, aunque su impacto social y político es desproporcionado.

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