España prepara un escudo social y laboral ante la escalada bélica y las amenazas comerciales de Trump

El Gobierno de España activa todas las políticas públicas necesarias para proteger el tejido productivo y el empleo ante los efectos negativos de la crisis en Oriente Próximo y las advertencias de Donald Trump sobre la economía española. Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras reunirse con sindicatos y parte de la patronal.

«Estamos preparados para reaccionar como hicimos en 2022», ha asegurado Díaz, quien ha puesto sobre la mesa un amplio abanico de medidas para salvaguardar el empleo y las empresas. Entre ellas, la activación de condiciones especiales para los ERTE, el Mecanismo Red para suspender temporalmente empleos, limitación de despidos objetivos por causas de crisis, bonificaciones y aplazamientos de cotizaciones a la Seguridad Social, y prestaciones por desempleo o cese de actividad para autónomos.

Si la crisis se prolonga, el Gobierno podría activar otras iniciativas como priorizar el trabajo a distancia, adaptar horarios con reducción de jornada de hasta el 100%, o conceder cuatro días de permiso remunerado por catástrofe.

Los sindicatos, por su parte, reclaman un foro de vigilancia más amplio, con la participación de todos los ministerios afectados bajo la dirección del presidente Pedro Sánchez, y exigen transparencia sobre el coste fiscal de las medidas que se adopten.

Ante el aumento del precio del petróleo (17%) y del gas natural (61%), el Gobierno plantea recuperar el tope del precio del gas en el mercado mayorista, las bonificaciones al gasóleo, y el control de los precios energéticos. También se estudia ampliar el bono social eléctrico, prohibir desahucios, prorrogar alquileres y proteger rentas familiares.

Los líderes sindicales han agradecido la defensa de la soberanía nacional por parte del Gobierno español, que se negó a que bases militares españolas se usaran para ataques a Irán. «La soberanía no se defiende con pulseritas, sino defendiendo la legalidad internacional», ha afirmado Pepe Álvarez (UGT).

CC OO y UGT confían en que la Unión Europea actúe unida frente a las amenazas comerciales de Trump, y respaldan el envío de una fragata española a Chipre dentro de un marco estrictamente defensivo y legal.

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