Trump suspende la Ley Jones para asegurar el suministro energético en medio de la escalada con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este miércoles la suspensión temporal de la Ley Jones, una norma centenaria que exige que todo el transporte marítimo entre puertos estadounidenses se realice con embarcaciones construidas, tripuladas y propiedad de nacionales. La decisión, que tendrá vigencia por 60 días, fue anunciada en plena escalada de tensiones con Irán y con el precio del petróleo en máximos de más de un año.

La medida busca garantizar el flujo libre de recursos energéticos —petróleo, gas natural, fertilizantes y carbón— hacia los puertos del país, evitando cuellos de botella logísticos en un momento en que el mercado global se ve afectado por la crisis en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del suministro mundial de crudo.

Según informó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la suspensión es una respuesta directa a las «perturbaciones a corto plazo en el mercado petrolero», mientras las fuerzas armadas estadounidenses desarrollan la Operación Furia Épica en la región. «Permitir que estos recursos vitales lleguen sin trabas a los puertos es fundamental para mantener la estabilidad de precios y el suministro interno», señaló Leavitt en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Un golpe al proteccionismo marítimo de 1920

La Ley Jones, promulgada en 1920, fue diseñada para proteger la industria naval estadounidense, exigiendo que cualquier mercancía transportada entre dos puertos del país se mueva en barcos con bandera estadounidense, construidos en astilleros locales y tripulados por ciudadanos. Durante más de un siglo, esta norma garantizó el mantenimiento de una flota mercante nacional, pero también encareció los costos logísticos y limitó la competencia.

Ahora, con el petróleo de Texas superando los 99,41 dólares por barril —un alza del 0,11 % respecto al cierre previo—, la Casa Blanca consideró que el escenario geopolítico justificaba una excepción sin precedentes. «Es una medida de emergencia», enfatizó Leavitt, «y no implica una derogación permanente de la ley».

El conflicto en el Golfo Pérsico como telón de fondo

La decisión de Trump llega en un momento de máxima tensión en el Golfo Pérsico. Según la agencia iraní Tasnim, Israel y Estados Unidos habrían atacado instalaciones de gas en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye, en la costa meridional de Irán. Aunque Washington no ha confirmado oficialmente la operación, fuentes militares citadas por medios internacionales apuntan a que se trató de un golpe selectivo contra infraestructuras energéticas clave para Teherán.

El estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico, se ha convertido en el epicentro de una guerra de nervios: cualquier interrupción en el tránsito de buques cisterna provoca subidas abruptas en los precios del crudo y el gas, afectando a economías tan alejadas como la europea o la latinoamericana.

Impacto inmediato en el mercado interno

La suspensión de la Ley Jones permitirá a empresas energéticas estadounidenses contratar buques extranjeros para mover cargas entre puertos nacionales, algo que hasta ahora estaba prohibido. Esto podría reducir los tiempos de entrega y abaratar los costos de transporte, al menos durante los dos meses de vigencia de la medida.

Analistas del sector estiman que, de mantenerse la tensión en el Golfo, el precio de la gasolina en Estados Unidos podría superar los 4 dólares por galón en las próximas semanas, un nivel no visto desde la crisis de 2022. «La medida de Trump es un parche para evitar que el mercado interno se dispare», comentó un experto en logística marítima consultado bajo anonimato.

Críticas y apoyos políticos

La decisión no ha estado exenta de polémica. Miembros del Congreso de estados costeros con fuerte presencia de la industria naval —como Luisiana, Texas y Florida— han expresado su preocupación por el impacto en el empleo nacional. «No podemos sacrificir nuestra soberanía marítima por una crisis pasajera», declaró un senador republicano, en un tono que evidenció divisiones dentro del propio partido.

Por otro lado, grupos empresariales y asociaciones de transporte celebraron la medida, argumentando que en situaciones de emergencia la flexibilidad es clave. «Es una decisión pragmática que puede evitar un desabastecimiento real», afirmó el presidente de la Cámara de Comercio Marítima.

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