El régimen iraní condena a la activista Narges Mohammadi a 12 años de prisión por «propaganda contra el sistema»

Irán ha vuelto a demostrar su implacable persecución contra las voces disidentes al condenar a Narges Mohammadi, reconocida activista de los derechos humanos y vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, a una pena de 12 años de prisión. Esta sentencia, la octava que recibe desde 2021, se suma a la larga lista de abusos sistemáticos contra la libertad de expresión en el país persa.

Un sistema judicial al servicio de la represión

La condena, dictada por el Tribunal Revolucionario de Teherán, acusa a Mohammadi de «propaganda contra el sistema» y «conspiración para actuar contra la seguridad nacional». Estos cargos, utilizados de manera habitual por el régimen iraní, sirven como pretexto legal para silenciar a cualquier voz crítica que desafíe el statu quo.

Según informes de organizaciones de derechos humanos, la activista ya cumplía una sentencia previa de 10 años cuando se emitió esta nueva condena. Mohammadi, de 51 años, se ha convertido en un símbolo de resistencia contra las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Irán, especialmente tras su participación activa en las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022.

Una lucha que trasciende las fronteras

Narges Mohammadi no es solo una presa política más en el sistema carcelario iraní. Su figura ha cobrado relevancia internacional gracias a su incansable labor en defensa de los derechos de las mujeres, los presos políticos y las minorías étnicas. En 2023, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su «lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos».

La activista ha utilizado incluso su tiempo en prisión para denunciar las condiciones inhumanas a las que son sometidos los reclusos en Irán. Desde su celda, ha liderado huelgas de hambre y ha escrito cartas que han logrado traspasar las paredes de la prisión de Evin, convirtiéndose en testimonios cruciales sobre la realidad carcelaria del país.

El contexto de una represión sistemática

La condena de Mohammadi se enmarca en un contexto de escalada represiva por parte del régimen iraní. Desde las protestas del «Movimiento de las Mujeres, Vida, Libertad» en 2022, las autoridades han intensificado su campaña contra activistas, periodistas, abogados y cualquier forma de disidencia organizada.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado cómo el sistema judicial iraní funciona como una herramienta de represión política, con tribunales que carecen de garantías procesales y sentencias que se dictan con base en confesiones obtenidas bajo tortura.

Reacciones internacionales

La comunidad internacional ha condenado enérgicamente la nueva sentencia contra Mohammadi. Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró que «esta nueva condena es un recordatorio más de la persecución sistemática a la que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en Irán».

Por su parte, Estados Unidos, a través de su embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, exigió la liberación inmediata de Mohammadi y de todos los presos políticos en Irán. La Unión Europea también emitió un comunicado conjunto pidiendo el fin de la represión contra los defensores de los derechos humanos y la liberación de Mohammadi.

La resistencia desde la prisión

A pesar de las condiciones extremadamente duras de su encarcelamiento, Mohammadi ha continuado su labor de activismo desde la prisión. En una de sus últimas comunicaciones filtradas, la activista escribió: «La prisión no es el final del camino, sino una estación más en la lucha por la dignidad humana. Cada día que paso aquí fortalece mi determinación de seguir luchando por un Irán donde la libertad no sea un crimen».

Su familia, especialmente sus dos hijos adolescentes, ha sido una de las voces más activas en la campaña internacional por su liberación. En entrevistas recientes, han relatado cómo Mohammadi ha sido sometida a aislamiento prolongado y privada de atención médica adecuada, pese a sufrir problemas de salud crónicos.

El costo humano de la disidencia

La historia de Narges Mohammadi ilustra el alto costo que implica la disidencia en Irán. Desde que comenzó su activismo hace más de dos décadas, ha pasado la mayor parte de los últimos diez años entre rejas, separada de su familia y expuesta a condiciones que organizaciones de derechos humanos han calificado de tortura.

Su caso no es único. Irán mantiene actualmente a cientos de presos políticos, incluyendo abogados, periodistas, defensores de los derechos de las minorías y activistas ambientales. La mayoría son acusados de cargos vagos como «colaboración con un gobierno hostil», «corrupción en la tierra» o «propaganda contra el sistema», todos ellos punibles con largas penas de prisión o incluso la pena de muerte.

Un mensaje para la comunidad internacional

La nueva condena contra Mohammadi llega en un momento en que Irán busca mejorar sus relaciones con Occidente y negociar un retorno al acuerdo nuclear de 2015. Organizaciones de derechos humanos argumentan que la comunidad internacional no debería ignorar las violaciones sistemáticas de derechos humanos a cambio de concesiones en el frente nuclear.

«La liberación de Narges Mohammadi y de todos los presos políticos debería ser una condición no negociable en cualquier diálogo con Irán», afirmó Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos en Irán. «El mundo no puede permanecer en silencio mientras el régimen iraní continúa utilizando el sistema judicial como una herramienta de represión política».

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