El Ayuntamiento de Valencia tiene diez días para explicar cómo cumplirá una sentencia que le obliga a compensar a una constructora por un convenio incumplido

El consistorio valenciano se enfrenta a una situación crítica tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia, que le obliga a indemnizar a una constructora por el incumplimiento de un convenio urbanístico. La resolución judicial, conocida esta semana, impone al Ayuntamiento la obligación de compensar a la empresa con una cantidad que, según fuentes municipales, supera los 55 millones de euros.

El plazo para cumplir con la sentencia es de diez días hábiles, plazo que expira la próxima semana. El Ayuntamiento, presidido por la alcaldesa María José Catalá, ya ha solicitado una prórroga para poder estudiar las vías legales y económicas para hacer frente a esta obligación. Fuentes del consistorio aseguran que están trabajando «con urgencia» para evitar una situación de quiebra técnica.

Hacienda y la Generalitat intervienen para evitar el colapso financiero

El Ministerio de Hacienda ya ha concedido un préstamo de 55 millones de euros al Ayuntamiento de Valencia para hacer frente a este pago. Esta inyección de liquidez se suma a los fondos que la Generalitat Valenciana ha ofrecido como «ayuda necesaria» para evitar la quiebra del consistorio.

La Generalitat, presidida por Carlos Mazón, ha mostrado su disposición a colaborar con el Ayuntamiento en este momento de tensión financiera. Fuentes del gobierno valenciano aseguran que «el objetivo es evitar cualquier situación que pueda afectar a los servicios públicos o a la estabilidad institucional».

Un convenio urbanístico que se torció

La sentencia se refiere a un convenio urbanístico firmado en 2018 entre el Ayuntamiento de Valencia y una constructora local para el desarrollo de un proyecto inmobiliario en el distrito de Benimaclet. El convenio incluía la construcción de viviendas y la urbanización de una zona verde, pero el proyecto no se llegó a ejecutar debido a cambios en la normativa urbanística y a la crisis económica derivada de la pandemia.

La constructora presentó una demanda en 2021, alegando que el Ayuntamiento había incumplido sus compromisos y que había sufrido pérdidas económicas como consecuencia. El juzgado ha dado ahora la razón a la empresa, obligando al consistorio a indemnizarla.

El riesgo de quiebra y la presión sobre las cuentas municipales

El Ayuntamiento de Valencia ya arrastraba un déficit de más de 200 millones de euros antes de esta sentencia. La obligación de pagar 55 millones más pone en riesgo la viabilidad financiera del consistorio, que ha tenido que recurrir a préstamos y ayudas externas para evitar el colapso.

La alcaldesa Catalá ha asegurado que «el Ayuntamiento cumplirá con la ley y con la sentencia, pero necesitamos tiempo para estudiar las mejores opciones y evitar daños mayores a las arcas municipales». Fuentes municipales apuntan a que se podría recurrir la sentencia o negociar un plan de pagos con la constructora.

La opinión de expertos y la reacción política

Expertos en derecho administrativo consultados por este diario consideran que la sentencia es «ejemplarizante» y que puede sentar un precedente para otros casos similares en toda España. «Los ayuntamientos deben ser muy cuidadosos con los convenios urbanísticos y cumplir estrictamente lo pactado», afirma el catedrático de Derecho Administrativo José Luis de la Cuesta.

Desde la oposición, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Ramón Vilar, ha criticado la «irresponsabilidad» del equipo de gobierno, acusándolo de «haber llevado al consistorio a una situación límite». Por su parte, Compromís ha exigido «transparencia total» sobre las cuentas municipales y ha pedido una auditoría externa.

El impacto en los servicios públicos y los ciudadanos

La situación financiera del Ayuntamiento de Valencia podría tener consecuencias directas en los servicios públicos. Fuentes sindicales advierten de que «si no se resuelve este problema, podríamos ver recortes en limpieza, mantenimiento de parques, o incluso en la plantilla municipal».

Los ciudadanos, por su parte, muestran su preocupación ante la posibilidad de que se produzcan subidas de impuestos o recortes en servicios básicos. «No entendemos cómo se ha llegado a esta situación y nos da miedo lo que pueda pasar», afirma María Dolores, vecina del barrio del Carmen.

El reloj corre: diez días para evitar el desastre

Con el plazo judicial a punto de expirar, el Ayuntamiento de Valencia se juega en los próximos días su estabilidad financiera y su credibilidad institucional. La colaboración de Hacienda y la Generalitat parece clave para evitar el peor escenario, pero el camino para salir de este atolladero promete ser largo y complejo.

Mientras tanto, la ciudadanía valenciana espera con incertidumbre el desenlace de un caso que podría marcar un antes y un después en la gestión municipal y en la relación entre administraciones y empresas privadas en el ámbito urbanístico.

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