Audiencia Nacional profundiza en la trama de corrupción que salpica al PSOE y a empresarios del sector energético

En un giro judicial que vuelve a poner el foco sobre la corrupción política en España, la Audiencia Nacional ha abierto una investigación formal que conecta tres frentes: presuntos amaños en la adjudicación de obras públicas, una compleja trama de irregularidades en el sector de los hidrocarburos y pagos en efectivo en la sede central del PSOE. Fuentes judiciales consultadas por elmundo.es confirman que el magistrado instructor ha admitido a trámite varias denuncias interpuestas por organizaciones civiles y partidos de la oposición, que apuntan a una red de sobornos y contratos amañados que habría operado durante años con la complicidad de altos cargos.

El primer eje de la pesquisa se centra en adjudicaciones irregulares de infraestructuras públicas, especialmente en el ámbito de la construcción y la energía. Según la documentación aportada, varias empresas habrían obtenido contratos millonarios mediante la manipulación de pliegos técnicos y la coordinación con responsables políticos. Los investigadores han identificado correos electrónicos, grabaciones y movimientos bancarios que sugieren la existencia de una estructura jerarquizada de pago de comisiones.

El segundo hilo conductor es una trama de hidrocarburos que habría permitido a operadores privados eludir controles ambientales y fiscales a cambio de financiación irregular de formaciones políticas. En este punto, la causa incorpora informes de la Guardia Civil y de inspectores de Hacienda que detectaron facturaciones ficticias, triangulaciones societarias y transferencias a paraísos fiscales. Entre las empresas investigadas figuran varias con contratos vigentes en refinerías y oleoductos.

El tercer frente es quizá el más sensible: el hallazgo de pagos en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Testigos protegidos y documentos internos apuntan a la entrega de sobres con dinero líquido, supuestamente destinados a campañas internas y gastos reservados no declarados. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado acceso a la contabilidad B de la formación y a las agendas de varios dirigentes históricos.

La instrucción, que avanza con secreto parcial, ya ha provocado reacciones inmediatas. El PSOE niega «cualquier irregularidad» y acusa a la oposición de «montar una cortina de humo» para desviar la atención de la gestión del Gobierno. Por su parte, PP, Vox y otras formaciones exigen explicaciones y anuncian comparecencias en el Congreso. El Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Energía han abierto sendas investigaciones administrativas paralelas.

Expertos en derecho penal consultados por este diario advierten de que, de confirmarse las acusaciones, se trataría de uno de los mayores escándalos de corrupción de la última década, con implicaciones no solo políticas sino también económicas y sociales. La ciudadanía, según las encuestas más recientes, muestra un creciente hartazgo ante la impunidad y exige celeridad en la justicia.

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