Rompen el candado: Congresista puertorriqueño presenta ley para liberar $17 mil millones en ayuda federal estancada por política de Noem

WASHINGTON D.C. – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández Rivera, detonó una bomba política este lunes al presentar una legislación que busca derribar el muro burocrático impuesto por la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, que ha mantenido congelados $17,000 millones en fondos federales para reconstrucción en la isla y otras jurisdicciones afectadas por desastres naturales.

La regla del $100,000 que paralizó Puerto Rico

La H.R. 7829, conocida como «The Disaster Aid Without Delay Act of 2026», ataca directamente la política implementada en junio de 2025 que requería revisión federal para cualquier proyecto de FEMA que excediera los $100,000 dólares. Lo que parecía un filtro administrativo se convirtió en un cuello de botella que ha dejado en suspenso 1,034 proyectos a nivel nacional, incluyendo infraestructura crítica en Puerto Rico.

«Esta política ha generado retrasos innecesarios cuando comunidades como muchas en Puerto Rico intentan recuperarse y reconstruirse», declaró Hernández Rivera en un comunicado que sacudió los pasillos del Capitolio. «El Congreso debe garantizar que ningún futuro secretario pueda usar umbrales arbitrarios para retrasar la ayuda por desastre o tratar a las comunidades de manera diferente».

$17 mil millones congelados: El costo humano de la burocracia

Según datos de la oficina del comisionado residente, la directiva de Noem ha creado una burocracia sin precedentes que ha retenido $17,000 millones en fondos de FEMA ya aprobados para comunidades de todo el país. En Puerto Rico, el impacto se siente en proyectos vitales relacionados con el huracán María (2017), los terremotos de 2019-2020 y el huracán Fiona (2022).

El informe del Comité de Seguridad Nacional del Senado reveló que los retrasos promedian tres semanas, pero en casos críticos se extienden mucho más. «Las víctimas de desastres no deberían tener que esperar asistencia crítica debido a mala gestión administrativa o incompetencia del DHS», afirmó el representante Tim Kennedy, uno de los 12 coauspiciadores demócratas de la medida.

Casos concretos: Cuando la burocracia cuesta vidas

El proyecto más emblemático atrapado en este laberinto burocrático es el cementerio municipal de Lares, con un presupuesto de $120 millones. «La asignación de fondos a través de FEMA para la construcción de un nuevo cementerio en Lares es urgente y necesaria», declaró el alcalde Fabián Arroyo Rodríguez, quien agradeció la intervención de Hernández Rivera.

Otro proyecto crítico es el Coliseo Héctor Solá Bezares en Caguas, asignado con $20 millones, que permanece paralizado. También está el puente Magos-Calabazas en San Sebastián, afectado por el huracán María, donde $5 millones en fondos de FEMA aguardan liberación.

El respaldo político y el camino legislativo

La medida cuenta con 12 coauspiciadores demócratas, incluyendo figuras prominentes como Debbie Wasserman Schultz, Nydia M. Velázquez y Ritchie Torres. El proyecto fue referido al Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, donde enfrentará su primera prueba de fuego.

Antes de su remoción, la Administración de la gobernadora Jenniffer González Colón informó que FEMA había autorizado la asignación de más de $1,000 millones para la ejecución de 176 proyectos de reconstrucción. Sin embargo, la burocracia impuesta mantiene estos recursos inaccesibles.

La defensa de COR3: «La reconstrucción continúa»

En una entrevista exclusiva con El Diario el 26 de febrero, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Eduardo Soria Rivera, ofreció una perspectiva más matizada. «En la medida en que pasen semanas, un mes, tres meses, yo le puedo decir que puede haber algún tipo de interrupción», admitió, pero enfatizó que COR3 se está enfocando en encaminar los $16,000 millones en fondos federales que ya están en fases de diseño y construcción.

«Nosotros tenemos $16,000 millones entre construcción y diseño que están del lado de nosotros», insistió Soria Rivera, destacando que COR3 es la entidad que desembolsa los fondos federales a municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro que FEMA obliga para proyectos, principalmente, bajo el programa de Asistencia Pública (PA).

El contexto político: Noem fuera, pero la política queda

Kristi Noem fue removida de su cargo en pleno cierre parcial de la agencia, pero su política permanece vigente, afectando la respuesta a desastres en todo el país. FEMA, una de las dependencias bajo la sombrilla del DHS, ha visto cómo su misión de «brindar ayuda cuando los estadounidenses más la necesitan» se ve comprometida por capas de revisión administrativa.

El representante Kennedy fue enfático: «La política de aprobación de $100,000 impuesta por la exsecretaria Noem ralentizó la respuesta crítica y creó una disfunción innecesaria en una agencia de la que las comunidades dependen en sus momentos más difíciles».

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