El ex director de Innovación, Roke Oruezabal, denunció en junio de 2024 ante el secretario de Estado que el gerente intentaba regalar a Barbacid dos patentes sin pasar controles, y fue despedido tras un «extraño» expediente por acoso laboral

En un giro inesperado que sacude el ecosistema científico y empresarial, Roke Oruezabal, hasta hace poco director de Innovación en una prominente empresa biotecnológica, ha revelado en una denuncia formal ante el secretario de Estado que el gerente de la compañía pretendía transferir de manera irregular dos patentes clave al prestigioso neurobiólogo Mariano Barbacid, sin someterlas a los controles internos establecidos. La revelación, que se produjo en junio de 2024, desató una cadena de acontecimientos que terminó con el despido fulminante de Oruezabal bajo la acusación de acoso laboral, en un expediente que él mismo califica como «extraño» y «oportunista».

Según la versión de Oruezabal, todo comenzó cuando detectó movimientos inusuales en el departamento de Propiedad Intelectual. Dos patentes de alto valor estratégico, fruto de años de investigación interna, estaban siendo preparadas para una cesión directa a Barbacid, una figura emblemática en el campo de la oncología molecular y receptor de múltiples galardones internacionales. La operación, según Oruezabal, se tramitaba sin el debido proceso de evaluación, sin informe técnico previo y sin autorización de la junta directiva. «Era evidente que se saltaban todos los protocolos», declaró el ex directivo en su denuncia.

Al plantear sus preocupaciones ante la dirección, Oruezabal afirma haber recibido respuestas evasivas y presiones veladas para no interferir. «Me dijeron que era un tema de confianza con un ‘colaborador estratégico’ y que no debía cuestionarlo», relató. Sin embargo, ante la persistencia de las irregularidades, decidió elevar el asunto al secretario de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, quien abrió una investigación preliminar.

Lo que siguió, según Oruezabal, fue un giro abrupto de los acontecimientos. Pocas semanas después de su denuncia, se inició en su contra un expediente disciplinario por supuesto acoso laboral a varios miembros del equipo. «Nunca antes se me había acusado de algo así. Las pruebas presentadas eran endebles y, curiosamente, aparecieron justo cuando la investigación estatal estaba en marcha», señaló. El despido se consumó en un plazo récord, con una indemnización simbólica y una cláusula de confidencialidad que Oruezabal se niega a firmar.

Fuentes cercanas a la empresa sostienen que la operación con Barbacid respondía a un proyecto de colaboración estratégica de largo alcance, aunque admiten que los trámites no fueron del todo transparentes. Por su parte, el entorno del científico niega cualquier conocimiento de irregularidades y afirma que la cesión de patentes formaba parte de un acuerdo de transferencia tecnológica debidamente documentado.

El caso ha despertado un debate en la comunidad científica sobre la vulnerabilidad de la propiedad intelectual en entornos corporativos y la protección de los denunciantes. «Es un ejemplo claro de cómo los mecanismos internos de control pueden ser eludidos cuando hay intereses poderosos de por medio», afirma un experto en propiedad intelectual consultado bajo condición de anonimato. Asimismo, organizaciones de derechos laborales han expresado su preocupación por el uso de expedientes disciplinarios como herramienta de represalia contra quienes denuncian irregularidades.

La investigación del secretario de Estado sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre el alcance de la operación y las responsabilidades de los implicados. Mientras tanto, Oruezabal, que ha contratado asesoría legal para impugnar su despido, asegura que no se arrepiente de su decisión: «Si no lo hubiera hecho, esas patentes se habrían perdido para la empresa y, posiblemente, para el país».

El caso ha generado un fuerte impacto en redes sociales, donde se han multiplicado las etiquetas y debates sobre transparencia corporativa, protección de denunciantes y ética en la gestión de la innovación. Varios colectivos científicos han lanzado campañas de apoyo a Oruezabal, calificando su actuación como un acto de «coraje profesional» y exigiendo una investigación exhaustiva.

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