Murcia: El Constitucional mantiene la suspensión de la ley de participación sindical pactada por PP y Vox

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión de la ley que modificó la norma que regula la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Región de Murcia. La medida cautelar, adoptada el pasado 29 de octubre de 2025, se mantiene hasta que el alto tribunal resuelva si el contenido modificado vulnera o no los preceptos constitucionales.

La norma en cuestión fue modificada el pasado julio con los votos de PP y Vox, un cambio que, según el recurso presentado por el Gobierno central, invadía competencias estatales y abría la puerta a subvencionar solo a los empresarios y no a los sindicatos más representativos.

Tras detectarse los posibles efectos de este cambio normativo en Murcia, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció el 22 de octubre que el Ejecutivo recurriría la norma. Una semana después, el Consejo de Ministros aprobó el recurso al considerar que el nuevo texto modificado invadía competencias estatales.

En concreto, la ley impugnada «suprime la obligación de financiación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas mediante subvención nominativa en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para compensar los gastos que la participación institucional les genere».

El recurso presentado por el Ejecutivo considera que este cambio invade la competencia exclusiva del Estado para la regulación del derecho de libertad sindical —recogido en los artículos 28.1 y 81 de la Constitución—, así como su competencia exclusiva en materia de legislación laboral.

Las críticas de Díaz tras conocer los posibles efectos del cambio normativo fueron duras. La ministra denunció la existencia de una ofensiva desde la extrema derecha para eliminar los artículos 6 y 7 de la ley orgánica de libertad sindical.

«Podríamos pensar que es una locura más (de Vox) pero no lo es», aseguró Díaz. «Allí donde gobierna Vox con el PP están desarticulando la negociación colectiva, el diálogo social, la participación institucional. Y hay que estudiar al adversario y adelantarse a él», añadió, días antes de que el Ejecutivo presentara el recurso al Constitucional.

El auto del Constitucional argumenta que el alzamiento de la suspensión de la ley produce graves perjuicios para el interés general y para los intereses de terceros. Estos perjuicios son reales, evaluables, y no hipotéticos, en la medida en que la ley recurrida suprime la obligación del gobierno autonómico de financiar anualmente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

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