El Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este viernes aprobará un amplio paquete de medidas con el que el Gobierno pretende contener el impacto económico y social de la guerra de Irán, que ha provocado una escalada de precios sin precedentes en los últimos años. La decisión llega un día después del Consejo Europeo en Bruselas, donde la crisis derivada del conflicto será el tema central de debate.

Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo prepara un «plan de respuesta integral» que combinará medidas coyunturales, como rebajas fiscales y ayudas directas, con medidas estructurales orientadas a profundizar en la descarbonización de la economía y reducir la dependencia del petróleo. España, que ya va por delante de otros países europeos en el proceso de electrificación, busca ahora acelerar esa transición para blindarse ante futuros shocks energéticos.

Entre las medidas coyunturales, destacan las bajadas de impuestos en el sector energético y ayudas específicas para sectores especialmente afectados por el encarecimiento de los combustibles y las materias primas. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha adelantado que el plan incluirá «un escudo social» para proteger a las familias trabajadoras, con especial atención a las medidas energéticas y de vivienda. El objetivo es evitar que la crisis habitacional actual se agrave por el aumento de los precios y que las subidas no se traduzcan en márgenes excesivos para las grandes empresas.

Bustinduy ha insistido en que cualquier medida fiscal irá acompañada de una intervención en el mercado para evitar que la guerra se convierta en una excusa para el enriquecimiento empresarial. «Una guerra no puede ser una excusa para que las grandes empresas engrosen sus cuentas de resultados», ha afirmado, subrayando la voluntad del Gobierno de regular los márgenes y evitar especulaciones.

El Ejecutivo mantiene contactos continuos con grupos parlamentarios, agentes sociales y sectores expuestos, consciente de la necesidad de sumar apoyos ante la posibilidad de que la oposición repita bloqueos como los vividos con el escudo social anterior. La complejidad de las negociaciones internas entre PSOE y Sumar, así como con sus socios parlamentarios, ha retrasado la presentación de las medidas hasta el viernes, en un contexto de incertidumbre sobre la duración del conflicto y su impacto final.

El plan, que se aprobará por decreto ley, busca no solo paliar los efectos inmediatos del aumento de precios, sino también sentar las bases para una economía menos vulnerable a las crisis energéticas internacionales. El Gobierno apuesta por una respuesta que proteja a los más vulnerables y a los sectores más castigados, al tiempo que impulsa la transformación estructural hacia un modelo productivo más sostenible y resiliente.

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