Cataluña da un paso decisivo hacia la regulación de la eutanasia: la norma avanza pero depende de los presupuestos y del visto bueno parlamentario

En un movimiento que ha puesto a Cataluña en el epicentro del debate bioético en España, el Govern ha dado luz verde a un anteproyecto de ley que regula la eutanasia y el suicidio asistido en la comunidad. La propuesta, que se enmarca en el compromiso del ejecutivo catalán de garantizar una muerte digna a quienes lo soliciten, ha sido presentada por la consellera de Salud, Gemma Tarafa, y ha generado tanto apoyo como rechazo en una sociedad profundamente dividida sobre el tema.

El texto, que aún debe ser aprobado por el Parlament y estar incluido en los presupuestos de la Generalitat para 2024, establece un marco legal que permitiría a pacientes terminales o con enfermedades graves e incurables acceder a una muerte asistida bajo estrictos controles médicos y psicológicos. Según fuentes del Govern, el objetivo es que la norma entre en vigor a principios de 2025, convirtiendo a Cataluña en la primera comunidad autónoma española en regular este derecho de forma autonómica.

Un proceso largo y vigilado

El anteproyecto, que cuenta con el respaldo de formaciones como ERC, Junts y los comunes, establece un procedimiento pormenorizado. Los pacientes deberán ser mayores de edad, estar plenamente conscientes y haber manifestado su deseo de forma voluntaria, repetida y sin presiones externas. Además, se exigirá el informe favorable de dos médicos y un psicólogo, así como un periodo de reflexión de al menos 15 días entre la solicitud y la práctica.

La norma también contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios, aunque garantiza que ningún paciente quede desatendido. En este sentido, el Govern ha anunciado la creación de un registro de profesionales no objetores y la posibilidad de que la administración asigne a otros facultativos en caso de negativa.

Reacciones encontradas

La noticia ha desatado un intenso debate en Cataluña. Organizaciones como Derecho a Morir Dignamente (DMD) han celebrado el avance, considerándolo un paso histórico hacia el respeto a la autonomía de las personas en sus decisiones finales. «Es una victoria de la compasión y del sentido común», declaró la portavoz de DMD, Marta de la Fuente.

Por el contrario, colectivos provida y la Iglesia católica han mostrado su rechazo frontal. El arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, ha calificado la medida de «grave error» y ha advertido de que «legislar sobre la muerte es abrir una puerta peligrosa». La plataforma Derecho a Vivir ha anunciado movilizaciones y la presentación de recursos legales si la norma sigue adelante.

El contexto político

La aprobación del anteproyecto llega en un momento de tensión política en Cataluña. El Govern de Pere Aragonès negocia los presupuestos de 2024 con el objetivo de sacar adelante esta y otras medidas clave. Fuentes parlamentarias consultadas por elmundo.es aseguran que el texto tiene muchas posibilidades de prosperar, aunque reconocen que el calendario es ajustado.

La norma también llega en paralelo al debate nacional sobre la eutanasia, que en 2021 fue regulada por el Gobierno de Pedro Sánchez a nivel estatal. Sin embargo, la ley estatal ha estado marcada por la inseguridad jurídica y los recursos presentados por comunidades gobernadas por el PP, que consideran que la competencia es autonómica. Cataluña, con esta iniciativa, se adelanta a posibles conflictos y se posiciona como referente en derechos sociales.

Un camino aún por recorrer

A pesar del impulso, el camino no está exento de obstáculos. El texto debe ser aprobado en el Parlament, donde la mayoría independentista no es holgada, y su inclusión en los presupuestos dependerá de las negociaciones con otros grupos. Además, una vez aprobada, la norma deberá sortear posibles recursos ante el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido con otras leyes catalanas en materia de derechos sociales.

El Govern, por su parte, ha anunciado una campaña informativa para explicar la norma a la ciudadanía y ha previsto la creación de unidades especializadas en hospitales y centros de salud. «No se trata de promover la muerte, sino de acompañar a quien decide poner fin a su sufrimiento», ha subrayado Tarafa.

Un debate que trasciende fronteras

La decisión de Cataluña no pasa desapercibida en el resto de España. Comunidades como País Vasco y Navarra han mostrado interés en seguir sus pasos, mientras que otras, como Madrid o Andalucía, se mantienen al margen. A nivel internacional, la medida sitúa a España a la vanguardia de Europa en materia de derechos al final de la vida, junto a países como Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.

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