El Gobierno español vuelve a sufrir un nuevo revés parlamentario que complica su agenda legislativa y vuelve a exponer las tensiones internas de la coalición. Por segunda vez en menos de un mes, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se enfrenta a una derrota inminente en el Congreso de los Diputados, esta vez por la negativa frontal de Junts per Catalunya a apoyar la convalidación de un decreto ley clave que incluye medidas sociales de gran calado.

El desenlace se ha producido este miércoles durante la sesión de control en el Parlamento, donde la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha dejado claro que su grupo no prestará los siete votos necesarios para sacar adelante el texto. A diferencia de otras ocasiones, en las que el debate parlamentario deja margen para la negociación de última hora o el recuento final de votos, esta vez la negativa ha sido rotunda y sin fisuras. «Lo tenemos muy claro», ha proclamado Nogueras desde la tribuna, reafirmando una postura que su grupo ya había explicitado semanas atrás: «pensiones sí, ocupaciones no».

La negativa de Junts no esconde ningún matiz ni ofrece alternativas. La formación catalana ha acusado al Gobierno de aprovechar la cobertura social del decreto para incluir, sin su consentimiento, una medida sobre la moratoria de desahucios que considera un aval indirecto a las ocupaciones ilegales. Según Nogueras, si Sánchez quisiera impulsar el escudo social sin lastre político, habría separado ambas cuestiones en textos legislativos distintos. En su opinión, el Ejecutivo conocía de antemano su negativa y aun así optó por mantener la medida en el decreto, sabiendo que el choque era inevitable.

El presidente Sánchez ha intentado desmarcar ambos aspectos, insistiendo en que la protección a familias vulnerables «no tiene nada que ver» con las ocupaciones y defendiendo el contenido social del decreto. Sin embargo, la respuesta no ha alterado el guion previsto. La negativa de Junts ya estaba anunciada sin condiciones ni contrapropuestas, y la sensación en la bancada socialista es que no hay margen alguno para torcer el resultado.

El pleno del Congreso votará este jueves por segunda vez el real decreto ley, que incluye medidas como la revalorización del 2,7% de las pensiones para este año, ayudas para la rehabilitación de viviendas y asistencia a los afectados por catástrofes como la DANA, que causó 230 muertes en la provincia de Valencia hace más de un año. En la primera votación, en enero, el texto ya fue tumbado gracias a la alianza entre PP, Junts y Vox, que unieron fuerzas para rechazar tanto la subida de pensiones como la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables.

Tras ese revés, el Gobierno aprobó dos reales decretos ley en Consejo de Ministros el 3 de febrero, repartiendo las medidas en sendos textos para intentar sortear el bloqueo. Sin embargo, la estrategia no ha dado el resultado esperado, y la nueva votación vuelve a enfrentar al Ejecutivo a un escenario de incertidumbre y debilidad parlamentaria.

Este nuevo revés no solo afecta a la agenda social inmediata, sino que también alimenta las críticas de la oposición y debilita la imagen de un Gobierno que, pese a contar con mayoría en el Congreso, no logra garantizar la estabilidad de sus iniciativas clave. La situación evidencia las dificultades de la coalición para mantener cohesionadas a sus fuerzas parlamentarias y la creciente presión de los partidos nacionalistas, que aprovechan su posición de bisagra para marcar líneas rojas intransigentes.

Mientras el Ejecutivo se prepara para afrontar otra derrota en el hemiciclo, el debate sobre la protección social y el derecho a la vivienda vuelve a instalarse en el centro de la escena política. La negativa de Junts, lejos de ser un mero trámite parlamentario, simboliza la complejidad de conciliar políticas sociales con la estabilidad de la mayoría gubernamental en un contexto de creciente polarización.

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