La discriminación inmobiliaria contra extranjeros se revela como práctica sistemática en España

En un mercado de alquiler ya de por sí tenso, con oferta escasa y precios desorbitados, se suma una barrera invisible pero demoledora: el apellido. Tres hombres de origen marroquí con empleos estables y buenos salarios han demostrado que la solvencia económica no basta cuando el problema es la procedencia.

La historia de Hamid Hmata: de víctima a activista

Hamid Hmata, un hombre de 50 años nacido en Tánger y residente en Mataró desde 2013, vivió en carne propia esta realidad. Tras la crisis del coronavirus, buscó una vivienda más grande para su familia. Contactó con 13 inmobiliarias locales, pero notó algo extraño: «Casi nunca me llamaban, me decían que el piso no se podía ver o que estaba apalabrado… Era raro».

La iluminación llegó cuando vio en televisión el caso de Redouane Mehdi, otro marroquí que había conseguido que el Ayuntamiento de Barcelona multara con 45.000 euros a una inmobiliaria por discriminación. «Hablé con mi mujer y le dije: creo que eso es lo que me está pasando a mí».

Hamid se transformó en el azote de las inmobiliarias racistas. Presentó 12 denuncias iniciales que el Ayuntamiento rechazó por prescripción. «Me cansé y lo dejé estar un tiempo, porque también me había creado un estrés emocional», confiesa. Pero en 2024, al retomar la búsqueda y toparse con las mismas trabas, volvió a actuar.

Esta vez, sus tres nuevas denuncias tuvieron más recorrido y acabaron en manos de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat. La institución ha impuesto la primera sanción desde su creación hace seis años: 10.000 euros a la agencia que se negó a enseñar un piso a Hamid por su origen.

Las pruebas que lo cambian todo

Lo que distingue el caso de Hamid es que tiene pruebas contundentes. Guardó mensajes y grabó conversaciones con comerciales. En una visita, le pregunta directamente: «¿Por qué no me lo puedes enseñar? Porque el dueño no quiere marroquíes, di la verdad». La respuesta del agente inmobiliario es reveladora: «Eso también es verdad, pero no tiene nada que ver con eso. Está reservado».

Estos audios, a los que ha accedido EL PAÍS, están incorporados al expediente sancionador. La técnica empleada por Hamid se basa en el «testing» inmobiliario, una práctica que los investigadores utilizan para sus estudios: dos personas, una autóctona y otra extranjera, se interesan por el mismo piso para observar qué pasa con cada uno.

Hamid recibió la ayuda de dos compañeros de trabajo, Jordi y Xavier, dos personas «comprometidas contra el racismo». La secuencia paralela de correos es casi tan elocuente como el audio. Después de interesarse por un piso de casi 2.000 euros al mes en Vía Europa a través de Habitacilia, la agencia dio respuestas contrapuestas con apenas minutos de diferencia. «Te llamé para informarte que el piso ya está alquilado», le dijeron a Hamid. «Podría ser hoy [la visita] a las 19.35», contestaron a Jordi.

No sabían que Hamid iba a presentarse por sorpresa a la visita y a grabarla.

El caso de Yahya Aboud: cuando la justicia falla

Yahya Aboud, un hombre de 32 años experto financiero en una empresa vasca residente en Irún, vivió una experiencia similar en 2022. «Pensé que iba a ser fácil, pero no. Me ponían en lista de espera. O me decían que ya tenían a otro… Vi que me trataban diferente y que siempre se daba prioridad al español, salvo que fuera un piso malo, que entonces sí».

Inspirado por el caso de Redouane, Yahya decidió poner a prueba el sistema. Llamó interesándose por visitar un piso de 950 euros, pero le informaron por escrito de que el propietario «prefiere esperar a la respuesta del dossier» [de solvencia económica]. El mismo día, una amiga suya de apellido inequívocamente español (Rodríguez) llamó y pudo visitar la vivienda esa tarde.

Para sorpresa de la comercial, Yahya y Rodríguez se presentaron juntos a la visita y grabaron la conversación en busca de pruebas. Las encontraron. «He visto que tus condiciones son estupendas. Pero [el propietario] no quiere a nadie de fuera (…) Por teléfono no te puedo decir que porque te apellidas Abdul o lo que sea…», le dice la agente.

Con ese archivo, el hombre presentó una denuncia en el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, que rechazó iniciar un expediente sancionador al no ver por parte de la agencia «acciones u omisiones que supongan acoso inmobiliario o discriminación». Comenzó entonces un periplo judicial que acabó mal, porque el TSJ vasco rechazó su demanda.

«Me ha jodido mucho que, teniéndolo todo, las capturas, la grabación, haya acabado así. La inmobiliaria ha de seguir las leyes y decirle al propietario, aunque sea su cliente, que no puede aceptar excluir a los extranjeros. La vivienda está difícil para todos, pero para las personas de origen extranjero hay una capa más».

La responsabilidad de las agencias inmobiliarias

» Las agencias, que son intermediarias, están sometidas a la ley como todos. Tienen una responsabilidad clarísima de rechazar sin miramientos las propuestas de sus clientes que sean discriminatorias», recuerda Aliou Diallo, investigador de racismo institucional en el Departamento de Derecho Público de la Universitat de Girona.

Diallo pide que la administración sea más proactiva y cree, por ejemplo, un cuerpo de inspectores, porque el racismo inmobiliario no es una excepción o una anomalía, sino «la forma habitual de funcionar del mercado», que golpea aún más a personas sin tantos recursos (humanos, materiales, etcétera) como Hamid o Yahya. «Mucha gente que lo sufre no sabe ni que se puede denunciar. Y probarlo para ellos es todavía más difícil».

Los estudios que lo confirman: un problema estructural

Los estudios que han aflorado al compás de la demanda confirman que es un problema estructural. En ¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda (de la entidad Provivienda, marzo 2025), los investigadores hicieron 100 llamadas a agencias de Barcelona y Madrid haciéndose pasar por propietarios que querían alquilar su piso salvo a extranjeros. Pues bien, 99 de ellas «aceptaron prácticas discriminatorias explícitas» frente a las 72 de un estudio similar, realizado por los mismos autores, hace cinco años.

Algunas respuestas constan transcritas. «Que tú quieres perfil nacional, pues nacional». En otras 600 llamadas de supuestos inquilinos (la mitad con acento castellano, la mitad con acento extranjero), el estudio constata diferencias de trato: al extranjero se le ofrecen pisos peores, menos alternativas, se le facilita menos la visita o se le dan menos detalles del anuncio.

El precio del prejuicio (IDRA, 2024) constató mayores dificultades de acceso de la población migrante, que es mayoritariamente inquilina (70%). Y en La clau pot ser un nom (Ayuntamiento de Barcelona, 2020), quedó en evidencia que las agencias respondían menos a peticiones interesándose por pisos de alquiler de personas con nombre árabe que con nombre autóctono.

Hay casos flagrantes, como el de un anuncio publicado en Idealista que pedía «personas estudiantes, españolas, con contrato indefinido». El Ayuntamiento de Barcelona impuso, en octubre de 2022, una multa de 90.000 euros al propietario, a la agencia y al portal. Un juzgado contencioso de Barcelona finalmente anuló la sanción a Idealista (por ser un mero intermediario), pero mantuvo las otras. El anuncio pretendía «excluir a inquilinos de nacionalidades distintas» y, por tanto, es «discriminatorio» e incumple todas las normativas, recoge la sentencia.

Redouane Mehdi: el pionero que abrió el camino

Redouane Mehdi es el ingeniero informático que, por primera vez, logró una sanción por racismo inmobiliario. Quería vivir solo en un piso de Barcelona, pero se negaron a alquilárselo por su apellido. En agosto de 2021, el Ayuntamiento de Barcelona impuso una sanción por esa discriminación, la primera reconocida en España.

Pero el final de la historia aún está por escribir. Redouane, que ahora tiene 36 años, cuenta que un juzgado anuló la sanción porque el Ayuntamiento no aportó las pruebas (grabaciones de audio) que había presentado en la denuncia. No se rinde y ha acudido a la vía penal, aunque por ahora el caso no prospera.

Sea como sea, se siente orgulloso de haber abierto camino e inspirado a otros a denunciar. «Es importante que la gente actúe, que sepa que, además de obligaciones, también tiene derechos».

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