ERC condiciona los Presupuestos de Cataluña a la cesión del IRPF: tensión en el Govern y vértigo de bloqueo político

El 11 de marzo se presenta como una fecha clave en el calendario político catalán y español. Ese día, el Parlament votará las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos de la Generalitat, que el Ejecutivo de Salvador Illa prevé aprobar este viernes. Sin embargo, el horizonte se presenta plagado de incertidumbre y tensión, especialmente tras las advertencias de ERC, socio clave de investidura, que ha dejado claro que presentará su enmienda si no hay avances concretos en la cesión de la recaudación del IRPF, tal y como figura en el pacto de investidura con Illa.

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha sido rotunda: «Hay límite hasta la muerte». En una entrevista, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha ido más allá y ha asegurado que, si han aguantado cuatro años en prisión, aguantarán cuatro semanas de presión para lograr lo que consideran justo. Esta postura no solo tensa las relaciones en el Parlament, sino que también proyecta sombras sobre la estabilidad del Gobierno de coalición en el Congreso.

El origen del conflicto se remonta a la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Junqueras, celebrada el pasado viernes en Madrid. Según fuentes de ERC, ese encuentro dejó claro que el PSC no había «hecho los deberes» para garantizar el apoyo socialista a la cesión del IRPF a nivel estatal. Aunque Illa se comprometió solemnemente a respaldar esta medida, desde ERC insisten en que el gesto esperado debe venir del PSOE, tal y como recoge el acuerdo de investidura.

El PSOE, por su parte, mantiene un silencio incómodo sobre el asunto, consciente de las implicaciones que podría tener en otras comunidades, especialmente en Andalucía, donde la vicepresidenta María Jesús Montero encabeza la lista. ERC ha instado a Illa a aclarar si las elecciones autonómicas, como las de Castilla y León, condicionan lo que se puede pactar en Cataluña.

Mientras tanto, ERC se abre a aprobar suplementos de crédito para evitar asfixiar financieramente a la Generalitat, que opera con las cuentas prorrogadas de 2023. Sin embargo, esta vía solo permitiría cubrir gastos básicos como salarios y sanidad, sin avanzar en proyectos de infraestructura o educación.

La tensión entre socios de investidura amenaza con enrarecer las relaciones no solo en el Parlament, donde el PSC carece de mayoría absoluta, sino también en el Congreso. ERC ha advertido que su voto será decisivo en futuras votaciones, lo que podría complicar la gobernabilidad de ambos Ejecutivos.

Ante este escenario, se plantea la posibilidad de un adelanto electoral en Cataluña, aunque Junqueras ha sido tajante al respecto: «El PSC sabe que si convoca elecciones es muy probable que no haya una mayoría posible para hacer una investidura y que condenaría al país a un ciclo de repetición electoral que no ayuda a nadie». El precedente de la decisión de Pere Aragonès de adelantar comicios ante un bloqueo presupuestario no terminó bien.

Salvador Illa podría sopesar esta opción, pero la demoscopia no juega a su favor: los últimos barómetros del Centre d’Estudis d’Opinió dejan al PSC como ganador, pero con tendencia a la baja, mientras que ERC y la Aliança Catalana muestran signos de crecimiento.

Con el reloj en marcha y las posiciones enfrentadas, el 11 de marzo se presenta como una jornada decisiva que podría marcar el futuro político de Cataluña y, por extensión, de España. La estabilidad del Govern y la gobernabilidad en el Congreso penden de un hilo, y el desenlace de esta crisis presupuestaria podría tener consecuencias de largo alcance.

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