El pasado 21 de febrero, la localidad lucense de Vilalba amaneció con una imagen que ha provocado una oleada de condenas en el ámbito político y social de Galicia. El busto dedicado a Manuel Fraga, uno de los políticos más emblemáticos y controvertidos de la historia reciente de España, apareció cubierto por pintura roja, en lo que las autoridades han calificado como un acto de vandalismo. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no tardó en pronunciarse a través de sus redes sociales, denunciando el suceso y expresando su rechazo a lo que considera un ataque a la memoria de una figura clave en la transición democrática y en el desarrollo de Galicia.

La imagen, difundida rápidamente por los medios y las plataformas digitales, muestra el rostro de Fraga salpicado por la pintura, un gesto simbólico que ha reavivado el debate sobre el legado del que fuera fundador del Partido Popular y presidente de la Xunta durante cuatro legislaturas consecutivas. Para Rueda, este acto no es solo un ataque a un símbolo personal, sino a la historia y al consenso que, en su opinión, Fraga supo construir en Galicia. «No respetan los símbolos. No respetan a un presidente que consiguió cuatro mayorías absolutas de todos los gallegos. No respetan más que su propio sectarismo», escribió el mandatario gallego en su cuenta de X (antes Twitter), acompañando sus palabras de la polémica fotografía.

El suceso se produce en un contexto especialmente sensible. Tan solo un día antes, una coalición de formaciones políticas —entre ellas ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Compromís, Geroa Bai, Más Madrid, Agrupación Socialista Gomera y un senador por Pitiusas— presentó una solicitud formal en el Senado para que se retire el busto de Manuel Fraga de los pasillos de la Cámara Alta. Estos grupos argumentan que, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, las instituciones democráticas no pueden mantener símbolos que, a su juicio, representan impunidad o reconocimiento público a responsables políticos vinculados a la represión durante el franquismo.

Esta no es la primera vez que se cuestiona la presencia de la figura de Fraga en espacios institucionales. Hace algunos años, EH Bildu ya intentó impulsar la retirada del busto del Senado, pero en aquella ocasión la mayoría conformada por PP y PSOE en la Mesa de la Cámara Alta rechazó la propuesta, alegando que la efigie se había colocado en reconocimiento a la labor de Fraga durante la transición y a su trayectoria como senador.

El debate en torno a Manuel Fraga es, sin duda, un reflejo de las tensiones que aún persisten en la sociedad española sobre el pasado reciente y la memoria histórica. Fraga, que ocupó cargos de relevancia durante la dictadura franquista y luego fue clave en la transición hacia la democracia, sigue siendo una figura polarizadora: para unos, un estadista que supo modernizar Galicia y liderar el cambio político; para otros, un símbolo de un régimen autoritario del que cuesta desprenderse.

La vandalización del busto en Vilalba ha reavivado estas discusiones, convirtiéndose en un tema viral en las redes sociales y en los medios de comunicación. Mientras algunos condenan el acto como un ataque a la convivencia y al respeto a las instituciones, otros lo interpretan como una expresión más del debate sobre la memoria histórica y la necesidad de revisar los símbolos públicos a la luz de los valores democráticos actuales.

En este contexto, la figura de Manuel Fraga se erige como un espejo de las contradicciones de la España contemporánea: un hombre que, para muchos, encarnó la reconciliación y el progreso, pero que para otros sigue siendo un recordatorio de un pasado que prefieren no homenajear. El debate, lejos de apagarse, parece destinado a continuar, alimentado por gestos como el de Vilalba y por las peticiones institucionales que buscan replantear el lugar de los símbolos históricos en la España del siglo XXI.

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