Guatemala, 15 de abril de 2025 — Al menos 46 personas que participaron en las protestas antigubernamentales de julio de 2021 han muerto en cárceles cubanas desde el inicio de 2025, según un informe presentado este martes por una coalición de organizaciones no gubernamentales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las ONG acusan a las autoridades cubanas de negar deliberadamente atención médica a los detenidos como método de castigo político, en un contexto de impunidad y represión sistemática.

El informe, elaborado por grupos como Justicia 11J, Amnistía Internacional y Cuba Archive, documenta casos en los que reos políticos con enfermedades crónicas o agudas —desde hipertensión severa hasta cáncer en etapas avanzadas— fueron dejados sin tratamiento hasta su fallecimiento. «No se trata de negligencia, sino de una política de Estado», afirmó Martha Beatriz Roque, coordinadora de Justicia 11J, durante la audiencia en Ciudad de Guatemala. «La privación de salud es un arma más en el arsenal de control político del régimen cubano».

Entre los casos citados, destaca el de Leonardo Rodríguez, de 34 años, detenido en 2021 por participar en las manifestaciones del 11J. Rodríguez sufría diabetes y requirió insulina durante meses, pero las autoridades carcelarias se la negaron sistemáticamente. Murió en enero de 2025 en la prisión de Combinado del Este, tras caer en coma diabético. Otro caso es el de Yosvani Martínez, de 41 años, quien padecía una hernia discal severa y fue dejado en una celda sin acceso a cirugía, lo que le provocó una parálisis progresiva hasta su deceso en febrero.

Las organizaciones denunciantes recalcaron que estos decesos no son incidentes aislados, sino parte de un patrón que comenzó a intensificarse tras las protestas del 11J, cuando miles de cubanos salieron a las calles en demanda de libertades y mejoras económicas. «El régimen respondió con una ola de detenciones masivas y condenas desproporcionadas, y ahora utiliza la salud como moneda de cambio», explicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El informe también señala que muchas familias de los fallecidos han sido amenazadas o coaccionadas para que no denuncien públicamente las condiciones de muerte. «Hay un miedo institucionalizado», dijo Guevara Rosas. «Si hablas, tu familiar en prisión puede sufrir represalias, o incluso tú puedes ser detenido».

Ante la CIDH, las ONG exigieron una investigación independiente, la liberación inmediata de presos políticos enfermos y el acceso irrestricto de observadores internacionales a las cárceles cubanas. También solicitaron que la CIDH emita medidas cautelares para proteger a los manifestantes detenidos que aún se encuentran con vida y en estado crítico de salud.

El gobierno cubano no ha respondido oficialmente a las acusaciones, pero en el pasado ha rechazado categóricamente cualquier crítica a su sistema judicial y de salud, tachándola de «injerencia imperialista». La cancillería cubana suele argumentar que sus servicios médicos son de alta calidad y que cualquier fallecimiento en prisión se debe a causas naturales o a negligencia individual, no a una política de Estado.

La gravedad de la situación ha llevado a varios países latinoamericanos y a la Unión Europea a expresar su preocupación. En una declaración paralela, el Parlamento Europeo instó a Cuba a «respetar los derechos humanos fundamentales y garantizar la integridad física y sanitaria de todos los detenidos».

Las ONG advierten que, si no se toman medidas urgentes, la cifra de muertes podría aumentar en los próximos meses, ya que centenares de presos políticos siguen sin recibir atención médica adecuada. «Esto no es solo una crisis de derechos humanos, es una crisis humanitaria», concluyó Roque.

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