La Corte Suprema anula aranceles de Trump: ¿habrá devolución de miles de millones de dólares?

En un fallo que podría sacudir las finanzas de empresas y familias en todo Estados Unidos, la Corte Suprema determinó que el presidente Donald Trump no tenía autoridad legal para imponer ciertos aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La decisión abre un capítulo de incertidumbre sobre uno de los temas más candentes: ¿se devolverá el dinero que millones de contribuyentes y empresas pagaron de más?

Un fallo histórico que deja preguntas sin respuesta

El alto tribunal no solo invalidó una parte importante de la política comercial de la administración Trump, sino que también evitó pronunciarse sobre un punto crucial: si el gobierno federal debe reembolsar los aranceles cobrados ilegalmente. Esta omisión ha desatado un debate legal que, según expertos, podría prolongarse durante años.

«Anticipamos otra larga batalla legal por esos reembolsos», advirtió Paul Ashworth, economista jefe para América del Norte de Capital Economics, en una nota a los inversores. La pregunta ahora es si el gobierno actuará de oficio o si serán las empresas afectadas las que deban iniciar procesos legales individuales.

Cifras millonarias en juego

Según el Modelo Presupuestario Penn Wharton, una iniciativa académica no partidista, las empresas podrían reclamar hasta $165 mil millones de dólares. Esta cifra representa aproximadamente el 60% de los ingresos arancelarios mensuales recaudados por el gobierno federal bajo esas disposiciones.

El propio presidente Trump reconoció la magnitud del asunto durante una conferencia de prensa posterior al fallo: «¿Qué pasa con todo el dinero que recibimos? No se discutió». El mandatario calculó que el proceso de resolución podría extenderse durante su mandato: «Supongo que tendrá que litigarse durante los próximos dos años».

Un proceso sin precedentes y lleno de obstáculos

Actualmente, no existe un portal ni un procedimiento automático para solicitar la devolución de aranceles pagados bajo IEEPA. Wayne Winegarden, investigador senior en economía del Pacific Research Institute, declaró a CBS News que gestionar miles de millones en reembolsos sería un movimiento «sin precedentes» para el gobierno federal.

«Ciertamente, la administración no va a ofrecer reembolsos voluntariamente, y las empresas tendrán que pedirlos», explicó Winegarden. «En resumen, el gobierno no tenía la autoridad para imponer el impuesto, por lo que tienen derecho a reembolsos».

Sin embargo, el especialista advierte que el proceso podría ser intimidante. Incluso calcula que algunas compañías podrían evitar reclamar por temor a represalias políticas. «Es un desastre complicado. Para las empresas es una apuesta, y él (Trump) es una persona punitiva, así que eso las frenará de pedir», concluyó.

La administración responde: «Está en disputa»

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que el tema de los reembolsos está «en disputa». Recordó que la Corte Suprema no resolvió ese punto y que el caso regresó al Tribunal de Comercio Internacional. «Mi impresión es que podría prolongarse durante semanas, meses, años», afirmó Bessent.

Las empresas han presentado más de 1,000 solicitudes de reembolso de aranceles ante el Tribunal de Comercio Internacional, estimó Alex Jacquez, jefe de políticas y defensa de Groundwork Collective, un centro de estudios económicos progresista. Se prevé que esa cifra se disparará tras el fallo del Tribunal Supremo del viernes.

Por su parte, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, exigió pagos de $1,700 dólares por hogar en su estado, lo que sumaría $8 mil millones de dólares en reembolsos para los residentes de Illinois.

La administración busca alternativas legales

Mientras el futuro de los reembolsos permanece incierto, la administración ha señalado que buscará reemplazar esos aranceles utilizando otras herramientas legales. Trump anunció un arancel global del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y planteó ampliar gravámenes bajo la Sección 301.

Este movimiento sugiere que, independientemente del fallo sobre los aranceles anteriores, la administración mantiene su estrategia proteccionista mediante otros mecanismos legales.

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