El Congreso aprueba un plan de choque de 7.000 millones para paliar los daños de las borrascas en Andalucía y Extremadura

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este miércoles a la convalidación del Real Decreto Ley de medidas urgentes para responder a los daños causados por las borrascas de enero y febrero, que moviliza más de 7.000 millones de euros en ayudas directas y subvenciones. La votación se ha saldado con 316 votos a favor y 32 en contra, todos ellos de Vox, que ha sido el único grupo parlamentario en oponerse a una normativa que, según el Gobierno, es «sin precedentes» en la historia reciente de España.

Una respuesta sin precedentes ante una catástrofe sin precedentes

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido con vehemencia el decreto ante el Pleno, calificando las ayudas como «medidas extraordinarias para una situación extraordinaria». El titular de Agricultura ha recordado la magnitud del desastre: más de 12.400 personas desalojadas, 9.500 incidencias registradas y 150 carreteras cortadas por las inundaciones y desbordamientos de los cauces fluviales.

«Estamos ante una sucesión de borrascas que no es un fenómeno normal ni aislado», ha advertido Planas, añadiendo que «negar el cambio climático en estas circunstancias es una temeridad». El ministro ha insistido en que las ayudas aprobadas son «exentas de tributación» y se concederán de oficio a 619 municipios de Andalucía y Extremadura, agilizando así el proceso de asistencia a los damnificados.

Un paquete de medidas sin precedentes

El plan de choque se articula en ocho capítulos que abarcan desde ayudas para daños personales hasta medidas fiscales, de empleo y de consumidores. Entre las más destacadas:

• 50 euros por persona y día en caso de desalojo, con un límite de 60.480 euros por destrucción total de vivienda.
• Prohibición de despidos en empresas que hagan uso de las ayudas directas o de los expedientes de regulación de empleo (ERE) previstos por las borrascas.
• Prestación de cese de actividad para autónomos que interrumpan su actividad en los municipios afectados, sin necesidad de acreditar fuerza mayor.
• Más de 2.100 millones en ayudas directas para titulares de explotaciones agrarias y 10 millones para armadores de buques de pesca con puerto base en Málaga, Cádiz y Huelva.
• Subvenciones del 100% del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para obras de reparación y adaptación al cambio climático en cauces públicos situados en zonas urbanas afectadas.
• Derecho de los consumidores a elegir entre la resolución del contrato o el aplazamiento de su ejecución si no han podido disfrutar de un suministro ya pagado.

La polémica política en torno a la gestión

La convalidación del decreto ha servido también para que los partidos políticos reafirmen sus posturas ante la gestión de la crisis. El diputado del Partido Popular José Ignacio Romaní ha destacado el papel de la Junta de Andalucía en la reconstrucción y ha acusado al Gobierno central, personificando en la ministra de Hacienda María Jesús Montero (ausente en el debate), de una respuesta «tardía y burocrática» y de «falta de diálogo» para elaborar el real decreto.

«Ante las políticas de eslóganes del Gobierno socialista, Andalucía da respuestas y su Gobierno cumple y gestiona con rigor», ha indicado Romaní, tras elogiar la actuación «a pie de cauce» del presidente andaluz Juanma Moreno.

Vox, por su parte, ha sido contundente en su rechazo. Ignacio Hoces ha señalado que la actuación del Gobierno se limita «en cada tragedia, a una foto, y en cada promesa, a una nueva mentira». Al aludir a la DANA de octubre de 2024, ha dicho que los valencianos están «atrapados en el barro de la burocracia» y ha previsto que en Andalucía y Extremadura el Gobierno «desaparecerá cuando se apaguen los focos y dejará a los españoles solos».

Sumar y Podemos, en cambio, han defendido las ayudas y la «eficacia» del Gobierno. Juan Antonio Valero, de Sumar, ha pedido más justicia fiscal y ha acusado a quienes se oponen a las medidas de «remar en contra» de los afectados. Martina Velarde, de Podemos, ha considerado que el real decreto era «necesario pero insuficiente» y que hay que «cambiar el modelo» para acentuar la prevención de los efectos del cambio climático.

El PNV, representado por Idoia Sagastizabal, ha afirmado que no era el momento de «entrar en debates ideológicos» porque no se puede «negar la realidad de los hechos» y que apoyar el decreto era una cuestión de «solidaridad entre los territorios».

Un primer paso, pero no la solución definitiva

El Congreso ha aprobado un paquete de medidas sin precedentes para paliar los daños de las borrascas, pero la polémica sobre la gestión de la crisis y la prevención de futuros desastres está lejos de cerrarse. Mientras el Gobierno defiende su respuesta como «eficaz y solidaria», la oposición acusa al Ejecutivo de tardío, burocrático e insuficiente. Lo que parece claro es que, ante la magnitud de la catástrofe y la evidencia del cambio climático, la política del «photocall» y las promesas vacías ha dejado de ser una opción.

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